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Por Dr. Federico Tallone. Abogado. Titular del Estudio Tallone y Asoc.

A modo de introducción debemos señalar algunos cambios que se vienen suscitando en los últimos tiempos en la comunidad y en los sistemas de salud, y que repercuten en el ejercicio de la actividad de los profesionales médicos, como ser el incremento de la esperanza de vida, el despunte cultural de la sociedad con ciudadanos que quieren y tienen derecho a ser informados, el avance científico con sus repercusiones a nivel tecnológico, la judicialización de la medicina que no es un fenómeno privativo de nuestro país sino que es un fenómeno mundial, la influencia de los medios de comunicación, el acceso inmediato y universal a la información y al conocimiento, etc.
Todos estos cambios se traducen en una serie de consecuencias dentro del sector de la salud, dando lugar a un aumento de la complejidad asistencial, un incremento de la incertidumbre de la práctica clínica, una super especialización de los profesionales sanitarios con una falta de visión global del paciente, la aparición de asociaciones de usuarios, el incremento de los conflictos de intereses, la disponibilidad de una mayor oferta de posibilidades de prestaciones sanitarias y un riesgo de indiferencia respecto a las consecuencias de este entorno cambiante.
Estos nuevos cambios de actuación no se vislumbran ni plantean de un día para otro, sino que se van elaborando poco a poco y día a día, y hoy observamos hechos que ocupan y preocupan en la relación médico-paciente como ser la masificación de la asistencia, el escaso tiempo que los profesionales dedican a la consulta médica, los avances científicos que dan lugar a creencias de que existe posibilidad de curar casi todo, a lo que colaboran los medios de comunicación, el propio corporativismo profesional que tiende a ocultar el error médico. En fin, todas estas causas, se traducen de alguna manera en un incremento cada vez más fuerte de las acciones por responsabilidad médica.
La experiencia profesional me indica que estas situaciones generan un incremento de quejas y reclamaciones de los pacientes cuyos motivos más frecuentes tienen que ver con problemas relacionados con su diagnóstico y tratamiento a los que se une, en el caso de internaciones, las altas médicas anticipadas, percibiendo la sensación de que no progresan en su proceso asistencial, así como resultados adversos o inesperados en su proceso de atención sanitaria donde los enfermos cuestionan la competencia de los profesionales, para dar un ejemplo.
También los aspectos relacionados con la falta de respeto de la intimidad y/o confidencialidad del paciente, los problemas de relación profesional médico-paciente y de falta de cortesía, llegando en ocasiones a situaciones de mal trato, son algunos de los motivos de quejas más importantes y numerosos que plantean los pacientes y que muchas veces se trasladan al ámbito judicial.
Es muy importante tanto para los financiadores como los prestadores del sistema de salud detectar estas situaciones en las que no existe una atención adecuada con el paciente por el medio que fuera (a través de las denuncias, reclamaciones, sugerencias, encuestas y cualquier medida que nos pueda alertar). Ello obligará a tomar medidas a los responsables sanitarios y a meditar sobre su accionar, pues hay que ser conscientes de que un número de ellas pueden progresar hasta obtener una contestación que le satisfaga o incluso hasta una demanda, ya que existe un pequeño porcentaje de pacientes afectados que nunca demandan, así como un alto porcentaje de reclamaciones que no suponen mala praxis. Demás está decir que esto último se da en la mayoría de los casos, en que el profesional y/o la institución médica y/o empresa de medicina privada u obra social, debe llevar adelante todo un proceso judicial desgastante.
También debemos reconocer que la realidad nos enseña que en materia de mala praxis médica existen no sólo pacientes que demandan en ausencia de negligencia, sino también pacientes que no demandan a pesar de haber sido dañados por negligencia. Sin olvidarnos que, en algunas ocasiones, la justicia encausa al profesional equivocado; no encausa al negligente; y falla a la hora de asegurar una adecuada compensación a los pacientes dañados.
Es necesario reflexionar entonces sobre todos los incidentes o acontecimientos adversos que puedan estar relacionados con la atención médica, ya que tienen un impacto muy importante tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud. De acuerdo a mi experiencia como abogado asesor de entidades aseguradoras que cubren el riesgo de responsabilidad profesional, y de algunas instituciones del sector salud a las que me ha tocado asesorar, he notado que entre los médicos, después de ocurrir algún incidente adverso, no es normal escuchar expresiones de autoinculpación y pesar, sino por el contrario, más bien intentan negar el problema. La perspectiva en los pacientes y sus familiares es diferente pero pueden sentirse traumatizados no solo por los hechos originales que han motivado esas incidentes adversos, sino en muchas ocasiones por cómo se han gestionado con posterioridad, en cuanto a información y atención posterior; ya que el paciente ha sido dañado sin intención por aquellos en los que había depositado una gran confianza. Esto es algo a tener muy en cuenta. Es importante, cualquiera haya sido el error y/o el accionar médico generador de eventuales daños, sentarse con el paciente y los familiares y enfrentar el problema, brindándoles a ellos todas las explicaciones del caso, de por qué se llegó al resultado no esperado. Seguramente ello le implicará al profesional evitarse algún reclamo civil o penal en el futuro.
Es por ello entonces que estas situaciones que llevan aparejados problemas donde se han producido acontecimientos adversos generan un incremento de demandas que dan lugar a la práctica de una medicina defensiva, que normalmente se traduce en insatisfacción del paciente o familiares con la asistencia recibida, así como en un incremento de costos, asociado a gastos intangibles de “no calidad” con pérdida de producción y productividad del profesional, que puede llevar a situaciones de estrés, estados de ansiedad y depresión de los profesionales sanitarios. El ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos donde el 40% de los médicos que soportaron alguna demanda se radicaron en otros países, cambiaron de especialidad, o hasta llegaron a acogerse a la jubilación anticipada.
Considerando todo esto que venimos analizando, vemos cómo se traslada continuamente desde los operadores jurídicos a los profesionales médicos las cuestiones relativas a cuáles han de ser los patrones de comportamiento que en su actividad cotidiana han de adoptar, para eliminar o, cuando menos, minimizar los riesgos que derivan del ejercicio profesional y, preferiblemente para reducir o suprimir las reclamaciones que el usuario del servicio de salud plantea.
La respuesta, por más que se reflexione sobre ella, no existe. No existe en cuanto patrón de comportamiento ya que, de un lado, sería necesario que la actividad profesional se desarrollase a la perfección –cualidad difícilmente compatible con la naturaleza humana– y, más aún, que tal perfección fuera percibida como tal por el paciente ya que de lo contrario, aún en la perfección de una actividad, el paciente, como ciudadano amparado por el derecho a la tutela judicial efectiva a que hace referencia el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, tiene derecho a que, si padece un daño, se examine la causa del mismo y, por tanto, a que se valore si existe o no responsabilidad en su causación.
No es una novedad que la medicina en los últimos años ha evolucionado de modo prodigioso y que ello se encuentra conectado principalmente a los avances tecnológicos. Pero, paradójicamente, con esta evolución, con la ampliación de medios y avances científicos, se han ampliado las responsabilidades del médico y el personal del servicio de salud en general lo que ha exigido una constante revisión de los deberes de los médicos.
Si a ello le sumamos el cambio experimentado por el paciente en su relación con el médico, que ha pasado de ser un sujeto pasivo, sin posibilidad práctica alguna de cuestionar la situación en la que se encontraba, con la actual, donde al paciente se le otorga una verdadera carta de derechos frente al ejercicio de la actividad médica, que se engrandece hasta generar la idea de que el derecho principal del paciente es el de su curación, se comprende fácilmente el incremento desmedido de los reclamos por mala praxis médica que, además, suelen tener un contenido económico o de resarcimiento que, al final, impregna la verdadera intención del reclamante. Ello, sin tener en cuenta la facilidad con la que hoy pueden acceder a la justicia con beneficio de litigar sin gastos reclamando sumas muchas veces millonarias que no se condicen con su alegado estado de pobreza.
Podría pensarse que lo anterior no es sino una mera apreciación de índole sociológica y no tanto jurídica. Realmente esto es así, pues mi intención era hacer notar cómo todo esto genera o se proyecta en la denominada “medicina defensiva”, figura de origen norteamericano que, en su vertiente más negativa, provoca enormes gastos a la medicina pública y privada; dilata respecto del enfermo el diagnóstico y por tanto su tratamiento; y limita al profesional en relación a técnicas novedosas, complejas o arriesgadas de las que se tiende a huir, con lo que este tipo de ejercicio acaba contraponiéndose a la medicina eficaz y corre el riesgo incluso de ser generadora, en sus extremos y cuando menos desde un punto de vista teórico, de responsabilidades.
En fin, para tratar de paliar esta litigiosidad desmesurada que nos agobia en la actualidad hace falta una regulación normativa que consiga situar la gestión de riesgos sanitarios al nivel suficiente para la consecución de las más altas cotas de seguridad para los pacientes. Lamentablemente en Argentina no existe una cultura de prevención de riesgos en este aspecto. Es necesario entonces crear normas que regulen la declaración obligatoria de los acontecimientos adversos (incidentes y accidentes) en la prestación de cuidados, el análisis de los mismos, la elaboración de indicadores que pongan de manifiesto los niveles de riesgos no permitidos y otras prácticas que influyan de manera decidida sobre la calidad de los servicios ofertados y, por tanto, incrementen la seguridad de los pacientes. De esta manera, los centros de salud se verán obligados a desarrollar programas de gestión de riesgos, y de mejoras de la calidad para responder a las expectativas de seguridad que exigen los pacientes.
Tampoco hay que olvidar el interés económico que deriva de la gestión de riesgos y su contribución decidida a la racionalización del gasto. Ello implica la puesta en marcha de herramientas que permitan la identificación de acontecimientos adversos, la evaluación de los procesos de decisión clínica y de los resultados finales en términos de costo. La seguridad debe convertirse en el punto crítico de la gestión de la atención al paciente. La única estrategia válida para conseguirla es la implantación de un programa de prevención de riesgos que identifique y maneje la incertidumbre y los riesgos reales y potenciales que comprometen tanto la seguridad del paciente como la de los propios profesionales de la salud.
Si bien no es este el objeto de este comentario, podemos decir simplemente que una política de gestión de riesgos debe permitir a los directores de las instituciones médicas definir ciertas prioridades para garantizar la seguridad del funcionamiento del centro y poner en marcha un programa de reducción y tratamiento de los riesgos detectados. Este concepto de gestión de riesgos tomado desde un enfoque transversal en las instituciones, adoptando una postura estratégica y no disciplinaria ni punitiva, para favorecer la notificación de los errores y su investigación posterior, aportará a los profesionales de la salud los elementos necesarios para focalizar su accionar en pos de alcanzar el máximo grado de seguridad para sus pacientes.
Aunque no exista una fórmula mágica e infalible para evitar la mala praxis, se hace necesario aplicar todos los esfuerzos en el sentido de crearse condiciones y mecanismos capaces de contribuir de forma efectiva por lo menos en la disminución de esos malos resultados. La primera providencia en este sentido es desarmar a las personas de un cierto preconcepto de que el médico es responsable por todo resultado atípico e indeseado en el ejercicio de la medicina.
Por todo ello resulta imprescindible, y es un compromiso de todos, desde el lugar en que nos toque participar, instalar en nuestro medio esta cultura que permita abordar sin complejos el problema de los errores médicos, apuntando principalmente a la prevención de los mismos.
Lamentablemente, el deterioro de la relación médico-paciente se presenta como el motivo más fuerte del aumento de acciones de responsabilidad profesional. Frente a tal realidad la sociedad entera debe encontrar un camino para invertir esta situación y hacer que esta relación vuelva a ser la cualidad que colocó a la medicina en un lugar de respeto y consideración.

APM N°10 – Marzo/Abril 2008.

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