PANORAMA INTERNACIONAL
La situación de la responsabilidad profesional médica en otros países. Julio -
Agosto 2011
Representantes de distintos países respondieron a la
convocatoria de APM, quien los invitó a brindar su visión y experiencia
sobre el tratamiento de los casos de responsabilidad profesional médica.
A continuación, el testimonio que nos hicieron llegar desde Perú la Dra.
Luz Loo y el Dr. Darwin Hidalgo, y desde España el Dr. Andrés Santiago
Sáez.
Perú:
Dra. Luz Loo y Dr. Darwin Hidalgo, presidenta y vocal de la Federación
Peruana de Administradores de Salud.
En Perú se nota un incremento en los reclamos económicos por
responsabilidad profesional por diversas causas entre las que están
impericia, negligencia y las propias complicaciones especificadas en el
consentimiento informado pero como la información es mal manejada o el
paciente no está bien informado, se difunde como que todo es
negligencia. Se añade a ello el desconocimiento de los propios profesionales abogados
que se suma a la gestión poco adecuada de los procesos de
responsabilidad profesional.
Lo que está ocurriendo en el Perú, es aquello que ha venido ocurriendo
en otros países, el empoderamiento del paciente en base a un mayor
acceso a la información y un desarrollo de la cultura del respeto por el
consumidor. En este sentido, lo que se ha venido incrementando con mayor
énfasis han sido los reclamos por presuntas negligencias o defectos en
los servicios de salud, de los cuales un poco porcentaje se ha
encaminado únicamente en la búsqueda de la reparación económica (demanda
de indemnización por daños y perjuicios). La mayor parte de los
reclamos, optan por perseguir al médico simultáneamente por la vía
penal, administrativa (protección al consumidor) y ética, con el
objetivo de lograr un acuerdo reparatorio anticipado.
No obstante, en los últimos años se ha visto un incremento de las
pretensiones indemnizatorias, apoyado indirectamente por el Estado,
cuando por denuncias públicas de presunta negligencia grave, como es el
contagio de VIH a niños en un Hospital del sector Salud o el caso de la
amputación de pierna equivocada en un Hospital de la Seguridad Social,
termina otorgando importantes sumas reparatorias.
Las condiciones de salud no óptimas, la alta publicidad que recibe
algunos casos de presuntas negligencias médicas, las voces políticas
oportunistas que buscan réditos señalando la necesidad de implantar un
seguro obligatorio de responsabilidad, son algunas de las principales
causas, que junto a las mencionadas incrementan las posibilidades de
reclamos y solicitudes de indemnización.
Las especialidades quirúrgicas en mayor porcentaje son ginecología,
cirugía plástica, anestesiología.
Por su parte los reclamos judiciales van teniendo mayor acogida,
particularmente, a nivel penal y hay casos de manejo inadecuado de los
procesos por desconocimiento de la parte legal y de los acontecimientos
(el cómo suceden realmente los hechos en salud, no es tema de checklist).
Las principales medidas que ayudarían a prevenir los reclamos son: 1)
Capacitación en responsabilidad legal de los gestores en salud y de los
profesionales médicos. 2) Capacitación de profesionales médicos en la
gestión de procesos asistenciales. 3) Implementación y mejoras de los
sistemas de seguridad y gestión de riesgos. 4) Auditorías y Gestión de
no conformidades: enfocado en calidad y no como un proceso punitivo. Por
otro lado, también ayudaría la capacitación de medios de comunicación,
las estrategias de difusión de responsabilidad legal y de derecho y
deberes de los pacientes, la mayor difusión del documento Consentimiento
Informado y la humanización de la atención, mayor comunicación, mejor
trato al paciente y familiares.
En Perú no existen cobertura ni compañías de seguro que brinden esta
clase de seguros de responsabilidad profesional, tampoco hay quienes
desarrollen programas de prevención o gestión de riesgos médicos
legales. Lo único que se está trabajando es la gestión de riesgos
hospitalarios y seguridad del paciente, en todos los hospitales. Además,
el MINSA y la Seguridad Social (los dos más grandes prestadores de
servicios del país), han creado oficinas de defensoría del paciente, por
el que se atiende reclamos de los usuarios.
España:
Dr. Andrés Santiago Sáez, Jefe del
Servicio de Medicina Legal del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
En España se están produciendo una serie de cambios en el marco legal de
la asistencia sanitaria que están influyendo claramente en dicha
asistencia.
¿Qué causas pensamos que están detrás de este aumento del número de
reclamaciones? Son muchas, y numerosos autores han incidido en ellas. En
nuestra opinión las más importantes son las desarrolladas a
continuación.
En primer lugar el frecuente incumplimiento de las expectativas del
propio paciente referentes a su estado de salud. El deseo de estar sano
a menudo está reñido con la realidad sanitaria. En cualquier caso se
debe señalar que estas expectativas "poco razonables" a menudo están
fundadas en una información sesgada e incompleta que los profesionales
sanitarios no hemos aclarado suficientemente. También hay que destacar
la gran cantidad de información deficiente que circula en los medios
informativos generales y que es frecuentemente asumida como cierta por
los pacientes.
En segundo lugar, existe una mayor concienciación por parte de los
pacientes sobre sus derechos. En España este hecho se une al incremento
en la facilidad para presentar reclamaciones propiciado por las
autoridades sanitarias. Se han creado diferentes organismos encargados
de recoger y tramitar las quejas de los pacientes a todos los niveles,
desde oficinas de atención a los pacientes en hospitales y centros de
salud, a entidades mayores y más estructuradas como las defensorías del
paciente de las comunidades autónomas (En España existen 17 Comunidades
Autónomas, todas con gestión sanitaria transferida desde el gobierno
central). También juegan un importante papel los colegios profesionales
y las entidades municipales encargadas de recoger las reclamaciones de
los consumidores (que también incluyen las reclamaciones provenientes de
la asistencia sanitaria privada).
En tercer lugar también existe, en algunas ocasiones, un evidente deseo
de lucro económico por parte de los pacientes. Las noticias
frecuentemente aparecidas en los medios de comunicación general sobre
altas cuantías pagadas con motivo de una deficiente asistencia sanitaria
estimulan a probar suerte a los que creen encontrarse en esa situación.
Pero muy frecuentemente esta información circulante es incompleta debido
a que no se mencionan los casos en los que las reclamaciones no se
atienden por los tribunales, o en los que las elevadas cuantías fijadas
en primera instancia son rebajadas drásticamente por los tribunales
superiores.
Un cuarto y último factor, aunque insistimos en que existen muchos más,
sería la degradación progresiva de la calidad de la comunicación entre
los pacientes y los profesionales sanitarios. La existencia de grandes
estructuras hospitalarias unida a la tecnificación de la asistencia está
afectando a la relación médico-paciente. La ruptura del canal de
comunicación entre paciente y profesional es un requisito previo a
muchas reclamaciones judiciales. Y es evidente, y bien conocido por
todos los que nos dedicamos a la medicina legal, que cuidar la calidad
de comunicación con los pacientes es la mejor medida preventiva que
podemos adoptar contra las demandas sanitarias. Mantener un adecuado y
fluido canal de comunicación nos permite, entre otras cosas, aclarar
malentendidos, retomar un tratamiento o pedir disculpas por un error,
todas ellas son medidas que disminuyen drásticamente las posibilidades
de ser demandados.
En cuanto a las especialidades médicas más reclamadas en España, todas
las fuentes coinciden en que la cirugía ortopédica y traumatología
(COT), y la ginecología y obstetricia son las más demandadas. El estudio
de la Subdirección de Inspección Sanitaria del Instituto Nacional de la
Salud, realizado sobre 2136 reclamaciones de pacientes ocurridas en el
periodo 1995-2000, señaló que las especialidades más reclamadas eran,
por la cirugía ortopédica y traumatología (14,38%), ginecología y
obstetricia (11,78%), medicina general (11,41%) y cirugía general
(7,82%). El estudio de la reaseguradora Willis, sobre 5000 reclamaciones
presentadas en el periodo 2005-2007, señala como las más reclamadas a la
cirugía ortopédica y traumatología (17,6%), ginecología y obstetricia
(15,1%), cirugía general y digestivo (7,8%) y urgencias (7,2%). Por
último, el estudio realizado por la Escuela de Medicina Legal y Forense
de la Universidad Complutense de Madrid (sobre 1899 sentencias
judiciales referidas a praxis médica) señala como las más reclamadas
judicialmente a la cirugía ortopédica y traumatología (15,69%),
ginecología y obstetricia (15,33%), urgencias (14,53%) y cirugía y
medicina estéticas (11,58%).
Podemos observar que existe bastante coincidencia en todas las series.
¿Qué tienen la cirugía ortopédica y traumatología y la ginecología y
obstetricia que las hace más vulnerables a la reclamación legal? Creemos
que además de la potencial peligrosidad de algunas de sus maniobras,
algo por lo demás común con otras muchas especialidades, las dos
comparten una característica: tratan a pacientes con expectativas de "no
enfermedad". La obstetricia trata a madres sanas con la expectativa
feliz de un nacimiento. Una complicación obstétrica, además de las muy
importantes consecuencias para la madre y el niño que puede tener, rompe
dramáticamente esta expectativa. Un sujeto sano que sufre un accidente
de cualquier tipo que le provoca importantes secuelas físicas pasa
bruscamente de ser alguien sano a alguien con limitaciones. Este hecho,
muy frecuentemente no asumido, lleva a trasladar la responsabilidad a
los médicos que han realizado la asistencia sanitaria (muy
frecuentemente traumatólogos).
¿Qué soluciones se están arbitrando para afrontar esta situación? En
este ámbito de actuación la teoría es difícil de trasladar a la
realidad. Además la fragmentación en la gestión sanitaria tampoco ayuda
a tomar medidas efectivas. No obstante, existen una serie de medidas de
utilidad comprobada que se están progresivamente implementando.
En primer lugar, se están promoviendo los programas de prevención y
detección temprana de errores asistenciales. Aumentar la seguridad
clínica de los pacientes es aumentar la seguridad legal de los
profesionales sanitarios. Es de destacar el importante esfuerzo de la
Comunidad Autónoma de Madrid, a través de la Subdirección General de
Calidad de la Consejería de Sanidad (Organismo autónomo dependiente de
cada Comunidad Autónoma que hace las veces de Ministerio de Sanidad), en
crear toda una estructura que vele por la seguridad clínica de los
pacientes, es decir las recientes “Unidades de Gestión de Riesgos
Sanitarios”, tanto en los centros hospitalarios como en las gerencias de
Atención Primaria de Salud.
En segundo lugar, mejorar la comunicación asistencial a todos los
niveles, tanto paciente-profesional como entre los mismos profesionales
sanitarios. Una medida tomada en este sentido es la de potenciar los
“Servicios de atención al paciente”, donde éstos pueden presentar sus
quejas y protestas y obtener una explicación o una solución a las
mismas.
En tercer lugar, aumentar la "cultura legal" de los profesionales
sanitarios. Conocer el marco legal de la práctica médica (y las
consecuencias de su quebrantamiento) ayudan a respetarlo.
En cuarto lugar, adecuar las estructuras sanitarias a la nueva
situación. A este respecto es destacable la creación de “Servicios de
medicina legal hospitalaria” como el del Hospital Clínico de San Carlos
de Madrid. Estos servicios no sólo colaboran en difundir y hacer
respetar el marco legal de la atención sanitaria, sino también en
incrementar la seguridad clínica hospitalaria.
En quinto lugar, apostar resueltamente por un marco extrajudicial para
la resolución de los conflictos ocasionados por la asistencia sanitaria.
La judicialización de este tipo de conflictos va en detrimento de todos:
aumento de los problemas legales para los profesionales sanitarios,
retraso en la solución de los problemas para los pacientes y, por
último, incremento de la carga de trabajo para los tribunales de
justicia.
En sexto, y último lugar, y apoyando el punto anterior, la creación de
un baremo específico para daños derivados de la asistencia sanitaria.
Como ha demostrado la experiencia del baremo de secuelas derivadas de
accidentes de circulación, la existencia de un baremo de referencia
propicia los acuerdos extrajudiciales y aumenta la rapidez con la que se
solucionan este tipo de conflictos.
Perú:
Se añade a ello el desconocimiento de los propios profesionales abogados
que se suma a la gestión poco adecuada de los procesos de
responsabilidad profesional.
España: