Mesa: El Sistema de Salud que tenemos, queremos y su incidencia en la responsabilidad profesional médica.
Dr. Miguel Schiavone. Director de la Escuela de Salud Pública de la UCA.
A lo largo de su exposición, el Dr. Schiavone destacó que en nuestro Sistema de Salud persisten tres debilidades, sobre las cuales hay mucho debate pero poca acción. Entre las mismas consideró: se trata de un sistema fragmentado y segmentado; una red prestacional enredada; con gran ineficiencia, elevado gasto y bajo impacto sobre los indicadores de salud.
En el caso de la fragmentación, Schiavone explicó que sus causas son múltiples: la descentralización y el federalismo; los programas focalizados en enfermedades, riesgos o poblaciones específicas; culturas organizacionales contrarias a la integración; un modelo de atención centrado en la enfermedad; la incapacidad rectora de la autoridad sanitaria; y la separación de los servicios de atención a las personas con otros servicios sociales (medio ambiente, nutrición, vivienda, etc.).
También se refirió a nuestro Sistema de Salud con “caso único, con un subsistema público que cubre a 16 millones de personas (23% del gasto); luego un subsistema privado, con 270 empresas de medicina prepaga, 3,5 millones de afiliados (10% del gasto); y finalmente un subsistema de la seguridad social, con 300 obras sociales, 21 millones de afiliados y casi el 40% del gasto en salud”. Y reflexionó: “Vean –entonces- la segmentación del sistema y cómo dentro de esta segmentación los distintos componentes, por ejemplo, forman un enjambre de formas de financiamiento y distintos tipos de prestaciones”.
En cuanto al concepto de red prestacional enredada, Schiavone concretamente habló sobre cómo es la complejidad de la demanda de atención de la salud, resaltando que en el caso de la baja complejidad hay una demanda insatisfecha que “ocurre tanto en el subsector público como privado y afecta más a la población menores recursos (…) Tiene una saturación innecesaria de la agenda de turnos de especialistas así como también una sobrecarga laboral, y genera un incremento del gasto (consultas y prácticas innecesarias)”.
Sobre la demanda insatisfecha de la alta complejidad, enumeró: “Sub-oferta en las localidades pequeñas y sobreofertas en centros urbanos contenida por los financiadores. Demoras en los diagnósticos y tratamientos. Traslado de pacientes. Incremento del gasto por complicaciones y aplicación de alternativas de poco costo. Insatisfacción de pacientes, familiares y profesionales”.
Para cerrar hizo una pregunta abierta al auditorio: “¿De quién depende que cambie el sistema?”; a lo que respondió: “Depende de nosotros mismos, por acción o por omisión, por lo que decidimos, por lo que hacemos o no”.
Dr. Oscar Cochlar. Abogado. Docente en Universidades Públicas y Privadas.
El Dr. Cochlar abordó el punto de vista jurídico de las acciones judiciales, no estrictamente ligadas a lo que se conoce como mala praxis profesional sino más bien a los recursos de amparos.
En este orden contextualizó: “Vivimos en una sociedad judicializada en donde todo se plantea frente los tribunales, incluso vemos que hay una agenda mediática que establece prioridades que muchas veces se vuelcan a la justicia. Esto, en principio encierra una imposibilidad de resolver las cuestiones poniéndonos de acuerdo. Pareciera que siempre necesitamos que exista un tercero que decida qué es lo mejor, incluso para nosotros”.
En el caso de los amparos aludió al concepto de “valor de la relación”, en donde en el caso de una demanda, la decisión que se adopte –por sí o por no- pone fin a la cuestión. Y destacó que en el caso particular de la salud, “esa relación empieza y se mantiene a través de la decisión judicial”. Y continuó: “Esto me parece que es algo que no se valora, ni desde el punto de vista de los financiadores de salud ni tampoco en el caso de la justicia. A diario vemos que se resuelven prestaciones a través de medidas cautelares que -con o sin razón- fueron negadas por las obras sociales”.
Cochlar también se refirió a que uno de los inconvenientes que se presentan hoy desde el marco jurídico es que “tenemos una situación judicial diferente de acuerdo a cada jurisdicción”, y en este punto ejemplificó: “En la ciudad de Córdoba, los tribunales rechazan todas las cuestiones vinculadas a la fertilización asistida, y las cámaras confirman este rechazo. Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de fertilización asistida que considera a la infertilidad una enfermedad. Entonces la pregunta es: ¿puede funcionar un sistema de salud que tiene este tipo de diferencias territoriales que hacen a la prestación? Es algo bastante difícil”, concluyó.
En relación a los reclamos por responsabilidad profesional médica, destacó los siguientes datos:
El término de duración de una demanda por mala praxis (hasta el 2007) es, aproximadamente, de 10 años. De los casos que no tienen sentencia, no prosperan el 80% de las demandas; y de los montos reclamados en relación a los montos de condena estamos en el 10%. O sea, de lo reclamado, lo que prospera es solo por el 10%.
Dr. José Luis Monti. Ex juez de la Cámara Nacional en lo Comercial.
La propuesta del Dr. Monti consistió en pensar los sistemas de salud y relacionarlos con la responsabilidad médica y su incidencia. Pero ante todo, hizo la siguiente aclaración: “Para comenzar quiero decirles que mi perspectiva de un sistema de salud, más allá de los recursos disponibles, tiene como eje el paciente”. Y continuó: “Cualquier sistema hoy tiene que afrontar dos cuestiones: la progresiva complejidad, y por lo tanto el progresivo incremento en los costos; y por otro una creciente demanda de los destinatarios de las prestaciones”.
En cuanto a la incidencia que tienen los reclamos sobre los sistemas de salud, reflexionó: “Cuando el médico – que es el otro eje del sistema- tiene que asistir, se encuentra con las presiones propias de su desempeño y de la institución (obra social, institución pública, empresa de medicina prepaga, etc.). Debe coordinar la prestación con las expectativas de los afiliados. Y esto tiene como consecuencia que muchas veces se omitan estudios que puedan ser imprescindibles para el diagnóstico; si bien no es lo más frecuente, tenemos casos en donde esto ha ocurrido y el resultado ha sido un juicio de mala praxis. En muchos casos hay abusos en relación a estos juicios, pero también hay que pensar que es la herramienta que tiene el paciente perjudicado. Hay una gran cantidad de caso en donde se advierten situaciones que debieron haber sido resueltas de otro modo y que produjeron un desenlace lamentable”.
Sobre lo dicho por el Dr. Cochlar en relación a los amparos, el Dr. Monti opinó: “En el caso de los juicios de amparo creo que los tribunales han sido prudentes a la hora de admitir distintas medidas cautelares; lo que ocurre es que la mayor parte de estas circunstancias (pedidos o acciones) se dan en un contexto determinado; por ejemplo, en materia de prestaciones de salud muchas veces se da en situaciones realmente críticas (paciente con una enfermedad terminal, o que espera una droga determinada que no se le provee, etc.)”.
En cuanto a los juicios por responsabilidad profesional, mencionó una reciente estadística de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, en la cual se releva que los juicios por mala praxis médica se han incrementado notablemente y que hoy uno de cada cinco médicos afronta una demanda.
Como reflexión final Monti volvió a remarcar: “Para mí el eje de un sistema ha de ser el paciente –no el aportante, el que paga- sino la persona de carne y hueso que requiere la prestación”.
