Situación de los reclamos por responsabilidad profesional en Uruguay
APM entrevistó al Dr. Antonio Turnes, Secretario del Servicio de Asistencia Integral Profesional Cooperativa (SAIP) del Uruguay; quien nos cuenta cómo está organizado el sistema de gestión de riesgos médico-legales en dicha institución y, además, nos brinda un panorama sobre los reclamos por responsabilidad profesional en su país.
¿Cuál es la situación en Uruguay en relación a los reclamos por responsabilidad profesional médica? En Uruguay venimos siguiendo el tema desde el año 1985. Por entonces no había más que un solo juicio contra un médico. A partir de ahí los juicios fueron creciendo de manera geométrica. Ya para el año 1986 había cerca de 16 reclamos, que a veces se sustanciaban en demandas, y en otros casos se resolvían por vía prejudicial.
Ante esto, y viendo que el tema tomaba un tono preocupante, en el año 1988 se realizó la Primera Jornada sobre Responsabilidad Médica, de la cual participaron médicos, abogados, magistrados y directivos gremiales. En dicha ocasión se vio que uno de los problemas que había era que no existía ningún tipo de protección contra el riesgo. Incluso el Banco de Seguros del Estado –que tenía el monopolio de los seguros- brindaba cobertura a instituciones del interior del país, pequeñas en magnitud, y las cubría tanto en lo médico como en todo lo relacionado con problemas de personal, entre otros.
A partir del año 1990, tras convencer al Banco de Seguros de que necesitábamos un seguro específico para cubrir el riesgo de mala praxis médica, empezamos con una afiliación cercana a las 700 personas (sobre 8000 médicos que había en todo Uruguay). Comenzamos con una tarifación baja, sin diferenciación de categorías ni de riesgos. El Banco tuvo una conducta poco feliz hacia el asegurado. El mecanismo era el siguiente: se contrataba una póliza global, a nombre del Sindicato Médico de Uruguay, que permitía a cada uno que lo solicitara hacer un contrato de adhesión para tener acceso al servicio. Arrancamos con una cotización módica de 140 dólares anuales. Pero en los años sucesivos el Banco no nos brindaba ninguna información sobre cuáles eran los siniestros que había, por lo que no teníamos idea de cuál era la casuística y evolución de la situación. Las personas que sufrían algún tipo de reclamo se presentaban directamente ante el Banco e iniciaban el trámite a través de un servicio jurídico muy despersonalizando.
Esta situación duró 15 años y las tarifas fueron creciendo de manera exponencial. En 1996 logramos que hubiera una diferenciación en 3 categorías para los médicos (riesgo bajo, mediano y alto) de acuerdo a la especialidad; y también una categoría por separado para los odontólogos. Y estas 3 categorías estaban diferenciadas por un monto mínimo de 20/30 dólares; y pasamos de pagar 140 dólares a 300/400/800, terminando en 860 dólares, allá por el año 2003.
En ese momento empezamos a tener dificultades con el directorio de Banco de Seguros, un organismo estatal muy burocratizado y que además seguía sin darnos información sobre los siniestros.
Ante la situación, establecimos un mecanismo en donde el médico, para acceder al servicio, primero debía presentar el reclamo ante el Sindicato Médico. Así comenzamos a fabricar estadísticas en base a las copias de las demandas que recibían los médicos, de las que nunca supimos los resultados.
¿Cómo actuaba el servicio jurídico del Banco de Seguros en relación a la gestión de los reclamos? Le pedían al propio médico demandado que hiciera un informe y en base a eso se juntaba con los abogados e iban resolviendo las cosas. El Sindicato tampoco tenía incidencia en este proceso.
Para el año 1994 había cierto malestar y se creó una comisión para el seguimiento del seguro, la cual estaba conformada por médicos –generalmente de los grupos más afectados, como por ejemplo cirujanos- que comenzaron a tomar contacto con los abogados del Banco para meterse un poco más en el tema.
Sin embargo, los últimos años con el Banco fueron los más tormentosos porque se cambiaron las estrategias de defensa jurídica y comenzaron a rechazar, por distintas razones, los siniestros de personas aseguradas. No logramos revertir esta situación de malestar y tuvimos que buscar otra solución.
Incluso vinimos a Buenos Aires para ver qué estaban haciendo aquí los colegas, que tras el cierre de varias compañías de seguros luego de la crisis de 2001, también habían quedado sin coberturas.
¿De qué manera pudieron sortear esta situación? En octubre de 2005 se inició bajo la forma de un fideicomiso el SAIP (Servicio de Asistencia Integral Profesional); hoy SAIP Cooperativa. Cuando se expuso esta idea, las otras instituciones gremiales que no eran el Sindicato Médico (como la Federación Médica del Interior, la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicos y la Asociación Odontológica Uruguaya) compartieron la idea y estuvieron dispuestas a integrarse. Tuvo muy buena recepción.
¿En qué se diferenciaron de la anterior cobertura? La diferencia principal fue armar una organización de raíz gremial en cuanto a lo solidario, en donde además se incorporaron varias cosas: el servicio no es solamente para la defensa en caso de reclamos por responsabilidad civil, sino que también abarca la defensa en casos penales, cuestiones administrativas (por ejemplo sumarios que pueden evolucionar en una demanda) o eventuales problemas laborales.
El tema de la defensa penal fue algo muy importante porque tuvimos un crecimiento muy acentuado en materia de reclamos de esta índole. Además detectamos que en esa instancia era necesario hacer una defensa apropiada, porque luego la tomaban en el juicio civil.
¿Y estas demandas penales prosperan? En Uruguay las demandas penales han prosperado, incluso hubo juicios con procesamiento y prisión de los profesionales. Esta situación la conocemos porque en el Sindicato ya habíamos articulado un sistema de defensa penal en 1994, que además lo hicimos a pedido de los propios médicos. Creo que en total hubo cerca de 20 colegas que tuvieron procesamiento con prisión, aunque después fueron excarcelados.
Las denuncias penales son mucho más frecuentes en el interior de Uruguay que en Montevideo, cuando estadísticamente la proporción de médicos del interior es de 1/3 en relación a los médicos de la Capital. Creo que en esto hay algo del dicho “pueblo chico, infierno grande”, entonces cuando ocurre algo inesperado, quedan disconformes con la atención recibida, o el resultado final es la muerte; lo que la gente quiere es una especie de venganza.
Muchas veces hay pacientes que se operan en Montevideo por una cirugía compleja y luego son enviados al lugar de residencia antes de tiempo o sin las indicaciones de seguimiento adecuadas. Y esto es muy propio de la medicina altamente especializada, que se concentra en algunos lugares, y que luego no es bien manejada la gestión clínica del paciente, por lo que el lugar que lo recibe no tiene la información suficiente ni tiene precauciones en cuanto a su condición clínica o farmacológica.
¿Cuáles son las especialidades que reciben más reclamos en su país? Ginecología y obstetricia, seguidas por ortopedia y traumatología. Incluso podría decirle que hay más reclamos por obstetricia que por ginecología, en donde por lo general se trata de muertes fetales o agravio encefálico grave de un niño que tuvo problemas en la dinámica o tiempo de atención del parto. Hay casos en donde el problema es la organización de la atención: el médico no está en el lugar indicado en el momento adecuado. También hemos tenido algunos reclamos en donde se ha visto involucrado el personal de enfermería por administración errónea de la medicación.
¿Cómo se manejan actualmente desde el SAIP ante un reclamo? Hemos cambiado totalmente el sistema de relación con las personas. Hoy el médico que toma nuestro seguro tiene una serie de condiciones de póliza que debe cumplir cuando le ocurre un evento adverso, es lo que nosotros llamamos “denuncia preventiva”.
El Consejo Directivo del SAIP, formado por 5 miembros que representan los orígenes de la organización, recibe la denuncia preventiva o el reclamo junto con el/los médico/s involucrados. En esa reunión se le sugieren las precauciones que debería tomar en el caso de que ocurra algo y la denuncia preventiva devenga en demanda. Se le advierte también que esté atento a la recepción de alguna citación para presentarse a una audiencia de conciliación.
¿Son habituales los acuerdos en estas conciliaciones? En Uruguay por lo general no se concilia nada porque es una formalidad más para iniciar la demanda. Por eso, una vez que llega la demanda el médico debe acudir inmediatamente para reunir todo lo necesario para la contestación de la misma.
También tenemos un equipo psicólogos que ayuda en aquellos casos en donde el profesional se ve muy afectado. Muchos médicos quedan perturbados profundamente e inclusive dejan de trabajar. Y en el caso de que no se pueda contar con la colaboración del médico involucrado se busca el asesoramiento de peritos, que por lo general son profesores de la Facultad de Medicina, que nos ayudan a esclarecer los puntos a contestar en la demanda.
Para finalizar, ¿cuáles son, a su criterio, las principales medidas que ayudarían a prevenir situaciones de conflicto? En primer lugar creo que la medicina debería hacerse de una manera más organizada, con más humanismo y menos tecnología, porque de este modo se pierde de vista la dimensión de la relación esencial que brinda el contacto médico-paciente.
Nosotros ponemos el acento en la educación, pero este es un tema muy difícil. Se trata de un aspecto árido para el médico ya que no le genera ningún tipo de beneficio académico.
Hay que hacer un trabajo fuerte de educación en aspectos que no son técnicos ni científicos, sino relacionados con las relaciones humanas, la comunicación, el conocimiento de lo que es la responsabilidad profesional y sus alcances, y la gravedad que tiene para cualquier colega enfrentarse a una situación por no haberle dado la debida importancia a ese contacto con el paciente.
