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Entrevista a D. José F. Soto Bonel, Presidente de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud y Director Gerente el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España.



-¿Cuál es la situación en relación a los reclamos por responsabilidad profesional médica en España? ¿Observa un incremento de los mismos? ¿A qué le parece que responde este fenómeno?
En los últimos años, se ha producido un incremento importante de la presión legal contra los profesionales sanitarios. Las escasas bases de datos comparables (Willis, Tirant lo Blanch, Westlaw y del Centro de Documentación Judicial [CENDOJ]) muestran un aumento en el número de reclamaciones y una distribución poco homogénea entre las diferentes especialidades médicas. La gran dispersión de datos viene dada por la gran cantidad de instancias judiciales y no judiciales ante las que se puede reclamar: departamentos de atención al paciente de hospitales y áreas de salud, oficinas del defensor del paciente de las diferentes comunidades autónomas, oficinas municipales de información al consumidor (especialmente en caso de práctica privada), comisiones deontológicas de los colegios profesionales, compañías aseguradoras de la responsabilidad civil profesional médica y juzgados (penales, civiles, contencioso-administrativos, etc.). Además, un buen número de estas reclamaciones se presentan simultánea o sucesivamente en más de una de las instituciones anteriormente mencionadas.
Existe, sin embargo, desde hace unos meses una disminución de reclamaciones en vía civil y contencioso-administrativa debido a la imposición de nuevas tasas judiciales que encarecen el procedimiento para el ciudadano.
El deterioro de la relación médico-paciente, la motivación por una posible compensación económica y la actitud excesivamente defensiva de determinados profesionales son factores que influyen en el incremento del número de reclamaciones judiciales por actos sanitarios.

- ¿Cuáles son las especialidades médicas más afectadas?
Según algunos estudios publicados en nuestro país (España), la relación de especialidades más reclamadas es la siguiente:
- Obstetricia y Ginecología;
- Cirugía Ortopédica y Traumatología;
- Urgencias;
- Cirugía y Medicina estéticas;
- Odontoestomatología;
- Cirugía General y Digestiva;
- Oftalmología;
- Anestesiología y Reanimación;
- Urología.
Siendo las dos primeras reclamadas de forma muy similar en todas las series internacionales y con porcentajes sobre el total que rondan el 15% respectivamente.

- ¿Y cuáles son los eventos adversos y complicaciones que habitualmente derivan en quejas o reclamos formales?
Los eventos adversos mayoritarios están relacionados con errores de medicación, accidentes (caídas) y problemas de identificación, según nuestra experiencia. Los dos primeros son los que más derivan en reclamación ya sea administrativa o judicial.

- ¿Qué características considera que presenta la relación médico-paciente en la actualidad?
La masificación de la asistencia, la utilización de abundante tecnología durante los diferentes actos sanitarios, la actitud paternalista de algunos profesionales y la actitud defensiva de otros; son factores que están condicionando una relación médico-paciente susceptible de mejora.

- ¿Las instituciones de salud implementan programas de prevención y gestión del riesgo médico-legal? ¿Hay una actitud proactiva de parte de los médicos en este sentido?
En concreto, en el hospital que dirijo se desarrolla una estrategia general de “Prevención de riesgos legales” a través del Servicio de Medicina Legal (compuesto no por abogados sino de médicos especialistas en Medicina Legal y Forense).
Esta estrategia consta de un programa formativo hacia los profesionales con los temas de mayor sensibilidad médico-legal (confidencialidad, aborto, objeción de conciencia, menor maduro, Testigos de Jehová, alta conflictiva, etc.), una campaña de protocolización de aquellas maniobras de mayor riesgo legal con guías, con protocolos y recomendaciones de grupos de trabajo, y un asesoramiento en tiempo real ante cualquier conflicto surgido durante la práctica asistencial en los aspectos médico-legales, deontológicos y bioéticos de la asistencia.
Cuando en cualquier servicio surge algún punto de debate sobre aspectos médico legales de la asistencia sanitaria tienen la opción de consultar al Servicio de Medicina Legal y recibir la formación específica solicitada.

- ¿Cuáles son, a su criterio, las principales medidas que ayudan a prevenir situaciones de conflicto entre médicos y pacientes?
Tenemos en nuestro hospital un procedimiento ante situaciones conflictivas con nuestros usuarios, donde interviene el Servicio de Salud Laboral. Pero lo más importante es mantener una determinada actitud, con la serenidad propia de un profesional sanitario. El paciente puede perder los nervios y es el profesional el que debe reconducir la situación, puesto que conoce las posibles reacciones psicológicas de la persona.
La escucha activa y la actitud empática ayudan a resolver muchas situaciones de conflictividad. Además pusimos hace más de cinco años un programa de mediación con pacientes y familiares, que lidera el Servicio de Atención al Paciente con la colaboración del Servicio de Medicina Legal y que ha obtenido buenos resultados al permitir expresarse abiertamente al paciente y sus familiares junto con los profesionales implicados en la atención sanitaria motivo de discordia.

<strong>- Para finalizar, ¿qué sistema de cobertura económica tienen los médicos e instituciones de Salud en su país? Principales características.
La cobertura para el Sistema Público se realiza a través de una póliza colectiva que suscribe cada Comunidad Autónoma. Cada Comunidad Autónoma elige su compañía aseguradora. Para la práctica privada el profesional debe suscribir otra póliza de responsabilidad profesional complementaria.
En este momento, la Comunidad de Madrid tiene una cobertura de hasta 1.200.000 euros por siniestro anual, con un máximo de dos siniestros por periodo por cada profesional. Esta cantidad cubre prácticamente todas las posibles reclamaciones de todas las especialidades, puesto que cifras indemnizatorias superiores todavía son escasas en España y se centran en la obstetricia y la anestesiología.


 

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